6 de octubre de 2025
PANORAMA
Prórrogas en suspenso y una emergencia cuestionada: Legislación, espejo de la transición
La comisión más política del Concejo volvió a exponer el momento de transición que atraviesa el poder marplatense. Mientras los proyectos del Ejecutivo quedan en suspenso, los bloques reacomodan posiciones y proyectan las próximas semanas. El mapa político, en vísperas del 26 de octubre, empieza a operar bajo las reglas del "post-Montenegro".
La sesión de la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento de este 6 de octubre, lejos de ser un mero trámite técnico, funcionó como una precisa radiografía del impasse político que vive General Pueyrredon. A semanas de las elecciones nacionales y a poco más de dos meses del recambio de bancas, la dinámica legislativa en torno a dos expedientes centrales; el Régimen de Incentivos a la Construcción y la Emergencia de Recolección de Residuos, dejó en evidencia la transición que vive el Concejo y el propio gobierno municipal.
El tratamiento de las prórrogas a las ordenanzas de incentivos a la construcción, expedientes 1536/25 y 1537/25, se convirtió en el punto de máxima tensión técnica y política. Tras la polémica desatada en la Comisión de Obras, donde Unión por la Patria (UP) expuso la posible caducidad de la Ordenanza 25.113 desde junio de 2024, el debate en Legislación quedó supeditado a la llegada de un pedido de informe.
El gesto de UP de solicitar que ambos expedientes "vayan juntos", basando la espera del 1537 en el informe solicitado para el 1536, no es una simple jugada administrativa. Es una estrategia de bloqueo y exposición: forzar al Ejecutivo a dar explicaciones formales sobre un posible vacío legal en la construcción de la ciudad durante más de un año. La aprobación de obras sin una norma vigente es un flanco de gestión que la oposición no dejará pasar.
La clave la dio el presidente de la comisión, el radical Daniel Núñez, al aceptar la solicitud de UP. Al considerar “razonable” y “sin inconveniente” dejar ambos expedientes en comisión a la espera del informe, el radicalismo revalida su rol de árbitro. Núñez, quien ya ha marcado la cancha en temas como Zona Fría y Discapacidad, demuestra que la Unión Cívica Radical (UCR) ya no se siente obligada a salvar cada trámite de sus (ex)socios del PRO y la Coalición Cívica. La necesidad de "ordenar la discusión", un leitmotiv de Núñez, se traduce ahora en darle aire a un cuestionamiento opositor que presiona la fibra legal del gobierno saliente.
El otro punto caliente fue la Emergencia Económico-Financiera del Servicio de Recolección de Residuos, el expediente 1585/25, que busca prorrogar el contrato vigente por dos años más. Aquí, la gestión Montenegro logró mantener la mayoría simple, pero el debate expuso la fragilidad del procedimiento.
El rechazo de UP y la abstención de AM se consolidaron en Legislación. Desde UP, analizaron que el Ejecutivo “construyó una emergencia” en octubre para evitar enviar un pliego de licitación que era una obligación conocida. El cuestionamiento es doble: por la oportunidad política; la falta de planificación que obliga a prorrogar el servicio más caro de la ciudad, y por la legalidad; la duda de que una emergencia habilite una prórroga y no una contratación directa, "contradiciendo incluso un dictamen de Asesoría Legal".
La abstención de AM refuerza la idea de un arco opositor que, si bien puede mostrar sus clásicas grietas de manual en otros temas, como en la Zona Fría, encuentra un consenso tácito de cuestionar los modos y costos de la administración. Aunque el interbloque oficialista (PRO, CC-ARI, y la UCR) mantenga el voto positivo; con Núñez acompañando sin fisuras en este caso, cumpliendo su rol de defensa cuando lo considera necesario, la discusión queda manchada por la crítica a la gestión.
La caótica transición
Lo sucedido en la Comisión de Legislación es análogo a la transición que General Pueyrredon vive hacia el 10 de diciembre. Por un lado, el radicalismo se pone el traje de bisagra indispensable. La UCR ha consolidado su rol de fiel de la balanza. Los cuatro votos que tendrá a partir de diciembre, sumados a la presidencia del cuerpo que ya ostentan, le dan un poder de negociación total. Dejar expedientes en comisión, exigir informes y marcar la diferencia en temas sensibles son la prueba de que el radicalismo está cobrando su independencia y mirando a 2027, utilizando su peso para "ordenar", y a veces obstaculizar, la agenda que hereda Neme.
Por otro lado, se encuentra el oficialismo desdibujado y en pleno reordenamiento. La gestión de Montenegro, acelerando su salida con agenda nacional y ambiciones de gabinete, deja en el Concejo un oficialismo fragmentado y sin cintura. Acostumbrados a la mayoría automática, el PRO y sus aliados deben ahora negociar cada paso, un escenario que se agravará con la conformación 10 a 10. La dificultad para resolver expedientes propios y la exposición a los pedidos de informes señalan el fin de la era del cheque en blanco legislativo.
Asimismo, la oposición, a pesar de sus internas, se muestra unida en la tarea de controlar y desgastar al gobierno saliente, poniendo el foco en la legalidad y la planificación de los servicios públicos esenciales. Saben que la debilidad del Ejecutivo es su fuerza para forzar explicaciones y sentar precedentes para la próxima etapa.
El 26 de octubre, con las elecciones nacionales, definirá el contexto macro. Pero en General Pueyrredon, la guerra de la transición ya comenzó en el Concejo Deliberante. Los dos expedientes clave congelados en Legislación son la prueba de que, hasta el 10 de diciembre, la agenda local no la impondrá solo el Ejecutivo, sino la nueva dinámica de fuerzas y la presión por la rendición de cuentas.