11 de marzo de 2026
EN DISPUTA
Controversia por la torre de 35 pisos: entre la denuncia penal y el debate por el planeamiento urbano
Tras la revocación de la medida cautelar, el conflicto por el proyecto en el predio de “La Robla” se desplaza hacia la validez de los informes técnicos. Organizaciones civiles denuncian irregularidades profesionales y cuestionan el impacto ambiental sobre la costa marplatense.
La disputa por la construcción de una torre de 127 metros de altura en la zona de Playa Varese ha ingresado en una fase de definiciones legales que trasciende la mera objeción vecinal. Luego de que la Cámara de Apelaciones levantara la medida cautelar que frenaba el avance administrativo de la obra, las entidades Mirada Ciudadana y Surfrider Foundation han reconfigurado su estrategia, trasladando el eje del conflicto hacia la presunta nulidad de los procesos técnicos que sustentan la autorización municipal.
La novedad más significativa en el expediente es la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía N° 7 contra el arquitecto Ricardo Rodríguez, uno de los firmantes de la fundamentación urbanística del proyecto. Según la documentación aportada por los demandantes, Rodríguez no contaría con matrícula habilitante en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires desde el año 2011.
Desde la perspectiva legal de las organizaciones, este no es un dato menor: la fundamentación urbanística es un requisito sine qua non para solicitar excepciones al Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.). De confirmarse la usurpación de título, el trámite administrativo original podría ser declarado nulo, arrastrando consigo la validez de las ordenanzas posteriores que otorgaron indicadores especiales a la fiduciaria Paisajes Urbanos.
Más allá de la situación profesional de los firmantes, el cuerpo del reclamo se centra en la magnitud del proyecto. El diseño contempla una superficie de 30.000 metros cuadrados, una cifra que contrasta drásticamente con los 5.800 metros cuadrados permitidos por la normativa vigente para ese sector.
Este excedente constructivo es el que permitiría la elevación de la torre hasta los 35 pisos, generando —según proyecciones técnicas— un cono de sombra de 463 metros que alcanzaría tanto la arena de Playa Varese como diversas manzanas del barrio Stella Maris. A este escenario se suma una impugnación a la declaración de impacto ambiental: los demandantes señalan la existencia de vínculos personales entre la profesional que realizó el estudio y funcionarios del gabinete municipal, lo que pondría en tela de juicio la imparcialidad del control estatal.
En contraposición, las firmas IMASA y el estudio Mariani, Pérez Maraviglia y Cañadas defienden la legitimidad y la necesidad del proyecto. Sostienen que la propuesta ha cumplido con todas las instancias administrativas y representa una inversión estratégica para Mar del Plata. Para los desarrolladores, el proyecto se encuadra en una visión de "modernización" de la costa, argumentando que la integración de chalets patrimoniales con edificios de alta gama es una fórmula probada para dinamizar la economía local y generar empleo. Bajo esta óptica, el desarrollo no vulnera la ciudad, sino que la "reinventa", ofreciendo un estándar de construcción que atrae inversiones y revaloriza el entorno urbano.
Actualmente, la resolución de fondo permanece en manos del juez Simón Isaach, en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1. Si bien la ausencia de una cautelar permite al municipio y a la empresa avanzar con las gestiones previas a la construcción, el desenlace de la causa penal por la matrícula profesional y el juicio principal marcarán un hito en la jurisprudencia local.
El caso de "La Robla" se ha convertido en el termómetro de una tensión mayor en General Pueyrredon: la búsqueda de un equilibrio entre el fomento a la inversión privada y la seguridad jurídica de los procedimientos técnicos, en un contexto donde el paisaje costero es entendido como un bien público a preservar.