El organismo bonaerense se ataja por el plan de venta de la empresa y reclama que cancele la “deuda ambiental” que mantiene, combatiendo la contaminación y preservando el recurso hídrico.

La Defensoría fue a la Justicia para que AySA cumpla antes de que la privaticen

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires recurrió a la Justicia para que obligue a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), todavía estatal, a cumplir con su misión de proteger el ambiente y combatir la contaminación.

El organismo conducido por Guido Lorenzino presentó una medida cautelar para que la compañía, que el gobierno de Javier Milei se propone privatizar, cancele la “deuda ambiental” que mantiene con la población, ante la inminencia de su pase a manos privadas.

La Defensoría “puso el foco en los pasivos ambientales que posee la empresa, cuya obligación de recomponerlos sería dejada de lado ante la reducción de inversiones y la flexibilización de las obligaciones que habilitaría la reconfiguración del contrato de concesión de la firma”, explica un comunicado de la entidad.

Guido Lorenzino

“Estamos ante una decisión sumamente riesgosa e inconstitucional. El agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales y no simples bienes comerciales que se pueden ajustar por rentabilidad financiera. No podemos permitir que bajo la excusa de una privatización se transfiera una deuda ambiental millonaria al Estado o a las personas, dejando a las y los bonaerenses expuestos a la contaminación y al abandono de obras esenciales”, afirmó Lorenzino.

La Defensoría también solicitó que se haga una auditoría externa para “identificar con total precisión todos los pasivos ambientales y sitios contaminados acumulados por AySA antes de avanzar con cualquier modificación en su esquema societario o contractual”.

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