La Tecla Mar del Plata
Redacción
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El debate por las aplicaciones de transporte reavivó las profundas fracturas políticas en el Concejo
Bajo un estricto operativo de seguridad tras los incidentes de la semana pasada, las comisiones conjuntas de Movilidad Urbana y de Legislación discutieron la regularización de las plataformas digitales frente al reclamo histórico de taxistas y remiseros en General Pueyrredon. Dos expedientes cruciales quedaron en condiciones para ser tratados en sesión ordinaria.
El Palacio Municipal de General Pueyrredon estuvo sitiado por un despliegue de efectivos de la policía, la prefectura y personal de seguridad interna. La postal, que reflejó el nivel de susceptibilidad que atraviesa la política local, fue la consecuencia directa de los violentos choques ocurridos apenas ocho días atrás, cuando la Comisión de Movilidad Urbana terminó suspendida entre empujones y golpes de puño. Con el acceso restringido por La Rioja y las barras del recinto llamativamente despobladas, el conflicto social se mudó a las esquinas céntricas de Mar del Plata. En Luro e Yrigoyen, diversos taxistas y remiseros se agolparon para seguir las alternativas de la sesión a través de las pantallas de sus teléfonos celulares; en la intersección opuesta, de San Martín y La Rioja, los conductores de Uber, DiDi y Cabify hicieron lo propio. La división geográfica de las calles funcionó como un espejo perfecto de la polarización ideológica que, minutos después, se trasladaría al corazón del debate legislativo.
La reanudación del tratamiento parlamentario de los proyectos desnudó un escenario de confrontación que excede largamente la mera discusión técnica sobre la movilidad urbana. Lo que se escenificó en el recinto fue un choque de modelos económicos, laborales y de representatividad social, donde las diferentes fuerzas políticas locales marcaron posiciones irreconciliables frente a un problema que arrastra años de postergación.
Desde La Libertad Avanza, la concejal Noelia Álvarez Ríos defendió la necesidad de legalizar el funcionamiento de las aplicaciones digitales, argumentando que el compromiso actual pasa por dar respuesta a una realidad ya consolidada. "Hoy tenemos un compromiso que es saldar una deuda con los vecinos del Partido General Pueyrredon que eligen este sistema de transporte como una forma de movilizarse pero también con aquellos vecinos que eligen esta actividad como fuente laboral", sentenció la edil libertaria durante su intervención, marcando el pulso de un sector que asimila la regularización como un acto de convivencia bajo reglas claras.
La respuesta de la oposición no tardó en calibrar la discusión en términos de precarización laboral y soberanía tributaria. Desde Unión por la Patria, la concejal Mariana Cuesta recogió el guante para confrontar directamente con el oficialismo y criticar los tiempos del debate parlamentario. "Nosotros creemos que el tratamiento de este expediente es una vergüenza. Es una vergüenza porque el primer expediente (el 1212) llegó en el 2022 y ustedes tenían mayoría automática, igual que ahora. Sin embargo, cajonearon este proyecto, cajonearon el debate", replicó Cuesta. En sintonía con los cuestionamientos, la oposición alertó sobre los riesgos de delegar de forma absoluta las tareas de control del cumplimiento de los requisitos en las propias empresas tecnológicas de movilidad.
En el medio de esa disputa discursiva, el interbloque oficialista ensayó un complejo equilibrio político para evitar que el debate volviera a desbordarse y para encauzar una salida institucional. El presidente de la Comisión de Legislación, Ariel Martínez Bordaisco, de la UCR, buscó poner paños fríos a los cruces desde el inicio de la jornada y delimitar la responsabilidad del cuerpo deliberativo. "La forma de salir de eso es siempre sobre la base del diálogo, del planteo, la manifestación clara y jamás el camino es la violencia", argumentó Martínez Bordaisco. Minutos antes, el malestar de los choferes tradicionales se hizo sentir a través de sus voceros; Darío López, representante de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, graficó la crisis del sector al advertir que la situación actual "es una guerra de pobres, es una guerra que nos detonó", insistiendo en la necesidad de fijar un cupo para evitar la destrucción de la actividad.
El punto de quiebre de la jornada llegó al momentode las votaciones, donde se evidenció que el consenso en el Concejo Deliberante es parcial y estrictamente delimitado. El Expediente 1260/26, que propone modificaciones, incorporaciones y derogaciones en las Ordenanzas 4471 y 9294 para flexibilizar y modernizar el servicio tradicional de taxis y remises, logró una unanimidad absoluta entre todos los miembros de ambas comisiones. Este consenso técnico demostró que existe un acuerdo transversal en la necesidad de otorgarle herramientas de supervivencia al sector histórico frente a la crisis actual.
Sin embargo, la verdadera batalla política se libró en torno al Expediente1212/22, destinado a crear el Registro Municipal de Prestadores de Servicio de Transporte de Pasajeros mediante el uso de Plataformas Digitales. Este proyecto fue aprobado por mayoría gracias a un bloque consolidado por el oficialismo. Los votos positivos de Ariel Martínez Bordaisco (UCR+NA), Noelia Álvarez Ríos (LLA), Julián Bussetti (PRO), Florencia Ranellucci (PRO), Vanesa Benavidez (LLA), Guido García (CC), Vilma Baragiola (UCR+NA), Marcelo Cardoso (PRO) y Ricardo Liceaga Viñas (UCR+NA) lograron imponerse sobre el rechazo cerrado de la oposición. El voto negativo estuvo conformado por un arco que unió a Mariana Cuesta (UP), Valeria Crespo (UP), Horacio Taccone (AM-MDF), Solange Flores (FR), Pablo Obeid (UP) y Diego García (UP), quienes impugnaron la legalización de las aplicaciones bajo las condiciones propuestas.
Con este resultado, ambos despachos quedaron unificados y listos para su tratamiento definitivo en la próxima sesión ordinaria del cuerpo de concejalas y concejales. La jornada concluyó ratificando que la cuestión del transporte en General Pueyrredon funciona como un microcosmos de las tensiones políticas provinciales y nacionales. Con las posiciones rígidamente bloqueadas y las calles custodiadas para contener el descontento, la discusión se traslada ahora al plano definitivo del recinto principal, donde se medirá el costo político real de una reforma histórica.