La Provincia rechazó el pago de Mar del Plata y la Justicia frena la cautelar local convocando a una audiencia clave
La Fiscalía de Estado bonaerense contestó la demanda del Municipio con duros cuestionamientos técnicos y financieros, calificando la oferta económica local como un abuso de derecho. En paralelo, el juzgado interviniente decidió congelar una resolución inmediata sobre la medida cautelar del Municipio y citó a todas las partes a un careo presencial decisivo ante el inminente vencimiento de las concesiones en el complejo.
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El histórico litigio por el control del Complejo Punta Mogotes ingresó en una fase de profunda definición institucional y jurídica tras la presentación formal de la respuesta de la Provincia de Buenos Aires ante la justicia marplatense, cuyos fundamentos técnicos quedaron asentados en el expediente judicial. Luego de que la Suprema Corte provincial destrabara la disputa por la competencia territorial, convalidando que las actuaciones permanezcan bajo la órbita del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, la estrategia provincial sumó un nuevo capítulo: el freno de la Justicia al pedido del Ejecutivo local para congelar de forma exprés las decisiones sobre el predio costero.
La urgencia del Palacio Municipal por obtener una medida de no innovar se topa con un factor temporal crítico en las playas. La comuna pretendía bloquear de inmediato cualquier intento de la Administración Punta Mogotes de lanzar nuevos procesos licitatorios o de convalidar extensiones contractuales para las unidades balnearias cuyos permisos vigentes caducan en los próximos días. Desde la perspectiva de la intendencia, cualquier innovación material en el complejo debe suspenderse hasta que se resuelva si el convenio interjurisdiccional de 1984 puede darse por terminado. Sin embargo, la representación jurídica de la Provincia solicitó el rechazo de esta cautelar, catalogando la postura municipal como "manifiestamente improcedente" y advirtiendo que paralizar la gestión del consorcio en este momento afectaría de forma directa el interés público.
Ante este escenario de tensión, el juzgado interviniente optó por una salida institucional de fuerte peso político: en lugar de dictar un fallo unilateral e inmediato sobre la cautelar, resolvió convocar a una audiencia presencial para el próximo 30 de junio de 2026 a las 12:00 horas. La disposición judicial exige que asistan los representantes legales acompañados por funcionarios que posean facultades resolutivas reales, obligando a los gobiernos provincial y municipal a sentarse cara a cara antes de definir el rumbo del balneario.
La discusión de fondo: El contraste financiero e institucional
Más allá de la batalla por la cautelar, el nudo de la controversia sigue centrado en la validez del pago por consignación judicial que ejecutó el Municipio por un monto superior a los catorce millones de pesos. Para la administración local, este depósito representaba la cancelación total del saldo de capital que el ente mixto mantenía con la Provincia, un paso que consideraban indispensable para restituir la jurisdicción de las playas a la órbita municipal.
Sin embargo, la réplica del gobierno provincial introduce un fuerte contraste económico que objeta la integridad de la oferta. La defensa bonaerense recordó que el origen de esa obligación se remonta a tres décadas atrás, cuando la Provincia debió desembolsar, en calidad de avalista, casi dieciocho millones de dólares en Bonos de Consolidación para liberar al complejo de su pasivo bancario. Desde la perspectiva de la Fiscalía de Estado, pretender extinguir semejante pasivo real con una cifra en pesos históricos y sin actualización constituye un ejercicio abusivo del derecho que contraría la buena fe.
El escrito provincial articula además una impugnación de carácter estrictamente institucional que cuestiona la legitimidad del municipio para intervenir en el vínculo obligatorio. La Provincia sostiene que el deudor formal no es la comuna, sino la propia Administración Punta Mogotes, un ente dotado de personalidad jurídica propia y diferenciada de sus miembros. Debido a que el consorcio administrador se encuentra cumpliendo regularmente con el cronograma de cuotas mensuales pactado bajo el Decreto 4209/97 y no ha sido constituido en mora, la representación provincial argumenta que no existe un marco de incumplimiento legal que habilite a un tercero a forzar un pago anticipado de manera unilateral.
La batalla por las auditorías y el escenario constitucional
El documento también deja al descubierto la disputa soterrada en torno a las pruebas solicitadas por los equipos técnicos de la intendencia. La Provincia opuso una resistencia categórica a la realización de la pericia contable integral requerida por la comuna, interpretándola como una maniobra exploratoria ajena a los fines de un juicio de consignación. Para los abogados provinciales, el pedido de auditar las actas del consejo, los balances de los últimos diez años y la situación impositiva del ente ante ARBA y AFIP representa un intento de convertir un trámite de pago en una fiscalización general encubierta, orientada a forzar por la vía judicial la acreditación de que el complejo ya no tiene obligaciones operativas pendientes.
Finalmente, la controversia adquiere volumen político al trasladarse al plano constitucional de la división de poderes. El escrito de la Fiscalía de Estado advierte expresamente que la determinación del valor real de la deuda pública y la aplicación de los regímenes de pesificación posteriores a la convertibilidad son competencias exclusivas del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía bonaerense. Una eventual intromisión judicial para fijar dichos montos en el marco de este proceso vulneraría las facultades administrativas esenciales, motivo por el cual se introdujo formalmente la reserva del Caso Federal.
De este modo, la pulseada por uno de los activos turísticos más codiciados de la costa atlántica ingresa en una tregua técnica hasta fin de mes, bajo un andamiaje procesal que reduce las expectativas de una transferencia inmediata y augura un prolongado debate en los tribunales de máxima jerarquía.
