Entre el "cajoneo" de informes a la oposición y la llamativa celeridad para aprobar expedientes oficialistas
Mientras los pedidos de control impulsados por los bloques opositores acumulan más de medio año de demora en las Secretarías, el oficialismo promete conseguir dictámenes técnicos en apenas siete días para convalidar una polémica adjudicación directa de $47.4 millones.
Compartir
Dentro del Palacio Municipal rige un doble estándar administrativo que ya se ha tornado bochornoso para los bloques de la oposición. La acumulación de pedidos de informes dirigidos a las distintas dependencias y directorios locales, que por reglamento deberían responderse en un plazo máximo de dos meses, es una constante que traba la labor legislativa. Sin embargo, la parsimonia de las Secretarías del Ejecutivo se transforma en una velocidad nunca antes vista cuando el expediente de interés pertenece a las filas del oficialismo, logrando aprobaciones exprés de una semana a la otra.
Desde las bancadas opositoras denuncian de manera reiterada que el Concejo Deliberante funciona más como una "escribanía" que como un órgano de debate democrático. Esta dinámica se apoya en una mayoría automática que le permite al interbloque oficialista imponer y aprobar la agenda local sin necesidad de consenso, dejando los reclamos de las minorías en un cono de sombra burocrático.
La situación límite de este esquema se vivió recientemente en el seno de la comisión de Salud Urbana. En una misma jornada, la gran mayoría de los expedientes tratados debieron ser reiterados formalmente ante la total falta de respuestas del Ejecutivo. El propio concejal de la oposición que preside dicha comisión ironizó sobre el preocupante retraso de la gestión, alertando que algunos de los proyectos bajo su análisis llevan más de seis meses paralizados a la espera de un informe técnico indispensable para avanzar.
En contraste con este letargo generalizado, la comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento fue escenario de una llamativa maniobra de celeridad. El debate central gira en torno a la convalidación de un decreto del Ejecutivo que busca otorgarle el millonario servicio de almacenamiento en la nube a una cooperativa de la vecina localidad de Batán. Se trata de la Licitación Privada Nº 03/26, un proceso que involucra una partida de $47,4 millones de pesos destinados a la infraestructura informática municipal.
El expediente, sin embargo, encendió las alarmas de la oposición debido a que el Contador Municipal rechazó en dos oportunidades a la cooperativa por graves irregularidades de índole legal y comercial. La entidad no logró acreditar las facultades de representación legal de quienes firmaron la oferta ni registraba su documentación actualizada en el Registro Único de Proveedores. Al tratarse además de un proceso con un único oferente, situación que por regla general obliga a declarar desierta la compulsa para garantizar la libre competencia, la convalidación requiere el aval excepcional del cuerpo deliberativo.
Ante los duros cuestionamientos de la oposición, que exigió el giro del expediente a la Dirección de Contrataciones para verificar si se subsanaron estas falencias técnicas y económicas, el oficialismo que preside la comisión accedió a dejar el proyecto bajo estudio, pero con la promesa de que el informe técnico del Ejecutivo estará listo para el próximo lunes.
La inusual velocidad garantizada por la conducción de la comisión generó fuertes suspicacias en los pasillos del Palacio Municipal. El apuro oficialista por conseguir un dictamen técnico en tan solo siete días responde a la necesidad imperiosa de llevar el proyecto al recinto en la Sesión Pública Ordinaria fijada para el próximo jueves 16 de julio.
Esta "eficiencia selectiva" instala inevitablemente interrogantes incómodos en la discusión pública: ¿Por qué los expedientes vinculados a los intereses de la mayoría en el concejo logran resoluciones de carácter fugaz, mientras que los pedidos de control de la oposición duermen durante más de medio año en los cajones del Ejecutivo? En el tablero de la rosca política local, los plazos de la burocracia parecen amoldarse perfectamente a las urgencias presupuestarias de la gestión de turno.
