¿Hay pliego a medida? ¿Hay vaciamiento del Parque de los Deportes?
Con el fuero penal investigando la trastienda de la licitación, la crisis del Parque de los Deportes trasciende la negligencia privada y profundiza el escándalo político: incertidumbre e interrogantes por el presunto pliego redactado a medida, alertas internacionales silenciadas y una Comuna rehén de su propio convenio.
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La causa judicial que investiga la concesión del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas avanzaría de manera sustancial tras la incorporación de la ONG Mirada Ciudadana como particular damnificado en el fuero federal. La habilitación de la feria judicial para otorgar legitimación procesal a la sociedad civil impulsa la investigación por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y abuso de autoridad. Más allá del apagón eléctrico que dejó a oscuras al predio, los expedientes revelarían inconsistencias temporales y vicios de origen en la adjudicación que trascienden la mera ineficiencia administrativa y alcanzan el manejo de la cosa pública.
Entre las irregularidades más severas detectadas figura la propia génesis de la firma Minella Stadium S.A. Según surge de los registros, la sociedad anónima fue constituida con un capital inicial de doce mil pesos con anterioridad a la redacción y aprobación del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) en el Concejo Deliberante. La entidad nació con la denominación específica del proyecto y el conocimiento previo de los términos de la licitación antes de que el articulado fuera formalmente elaborado por el Municipio. A este vicio de origen se suma la inacción oficial frente a las alertas internacionales sobre su socia extranjera, la firma brasileña Revee, que al momento de rubricar el contrato local ya enfrentaba en su país de origen procesos de quiebra e intervenciones judiciales por presunto lavado de activos.
El análisis del convenio, según manifiesta la oposición, expone un diseño sistemáticamente desfavorable para la administración pública. Además de haberse otorgado una exención en el pago del canon de hasta 54 meses sin la exigencia de un cronograma de obras estricto, el esquema de servicios generó distorsiones inéditas. Mientras la falta de pago a la empresa distribuidora derivó en el corte del suministro eléctrico —afectando además la conectividad de dependencias públicas linderas—, el consumo de gas natural continuaría abonándose mediante una boleta única a cargo del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER). De este modo, el erario público financiaría el costo energético del privado mientras la Justicia rastrea las cuentas bancarias donde ingresaron las recaudaciones de los espectáculos comerciales realizados.
Esta falta de control contrasta abiertamente con el perfil habitual del Ejecutivo local. Acostumbrada a una hiperactiva política de comunicación pública y a la difusión constante en redes sociales sobre operativos en el espacio público o faltas menores, la gestión municipal optó por un silencio hermético ante el colapso del Parque de los Deportes. La ausencia de explicaciones oficiales, sumada a la omisión de actas de infracción o intimaciones formales ante los reiterados incumplimientos, transforma la pasividad de los funcionarios en uno de los ejes centrales bajo la lupa de la fiscalía federal.
Según los sectores opositores, el impacto más severo de este modelo recae directamente sobre la comunidad deportiva marplatense. A diferencia de los estándares habituales en concesiones públicas, el contrato no contemplaría reservas de fechas ni días de uso gratuito para finales de ligas locales, programas educativos o selecciones de la ciudad. Si el Municipio o los clubes de barrio pretenden utilizar el estadio, el polideportivo o los espacios comunes para sus actividades, quedarían obligados contractual y financieramente a abonar tarifas comerciales y cubrir la totalidad de los costos operativos. De este modo, denuncian que el resultado es la pérdida progresiva de un patrimonio histórico que, entre la opacidad administrativa y el desinterés oficial, fue enajenado de la vida cotidiana de sus ciudadanos.
