PANORAMA
La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Serga.NET
El impacto en un sistema saturado
La reforma que endurece las penas y baja la edad de imputabilidad a los 14 años impacta en un sistema penal juvenil "ya colapsado" en la provincia de Buenos Aires. Con centros de detención saturados y denuncias de violencia institucional apiladas, especialistas advierten que ampliar el castigo podría profundizar un modelo punitivo sin resolver las causas del delito.
Luego de que el Senado aprobara el Régimen Penal Juvenil y estableciera la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, la gestión libertaria quiere dar por cerrado un debate histórico en la Argentina: cómo abordar el delito cometido por adolescentes y qué rol debe cumplir el Estado frente a ese fenómeno. Al mismo tiempo se ha impuesto un nuevo modelo, uno que trata a los menores de edad, sin la suficiente madurez física y mental, como si fueran mayores. Bajo este nuevo esquema un adolescente de 14 años condenado por un delito grave podría recibir una pena mayor a su propia edad. Esto atenta contra cualquier posibilidad de que esa persona pueda tener una vida más allá de la cárcel.
En la provincia de Buenos Aires, donde se concentra casi la mitad de los hechos delictivos del país, la discusión adquiere un peso particular. El nuevo esquema llega a un escenario ya tensionado por años de deterioro institucional y saturación de los dispositivos de encierro.
Durante décadas, la discusión sobre la baja de la edad de punibilidad se desarrolló con escasos estudios rigurosos y con poca evidencia empírica. Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advierten que juzgar y encarcelar a adolescentes cada vez más jóvenes no resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito. Por el contrario, sostienen que estas políticas tienden a profundizar la criminalización de la pobreza y a desplazar una responsabilidad central del Estado: garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En marzo de 2025 había 584 punibles y 96 no punibles. En los demás años los datos corresponden a diciembre.
Haciendo caso omiso a estas advertencias, el Gobierno nacional impulsó la reforma en un contexto de deterioro general del sistema penal. La crisis no sólo atraviesa al sistema juvenil sino también al de adultos, marcado por el hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria y la precariedad de las condiciones de detención. En ese marco, especialistas advierten que ampliar el alcance del castigo penal podría profundizar un escenario que ya presenta signos de degradación institucional.
En territorio bonaerense, distintos gobiernos intentaron en los últimos años introducir reformas orientadas a revertir las lógicas más punitivas del encierro juvenil. Sin embargo, esos esfuerzos convivieron con limitaciones estructurales: falta de recursos, escasez de personal especializado y una infraestructura que muchas veces reproduce esquemas carcelarios. En la práctica, los centros cerrados destinados a jóvenes suelen funcionar bajo regímenes que, según advierten especialistas, pueden resultar incluso más restrictivos que los de las cárceles de adultos.
A su vez, los datos disponibles relativizan la incidencia real de los menores de edad en los delitos más graves. En 2025, en la provincia de Buenos Aires se registraron 88 homicidios dolosos cometidos por menores de 18 años. De ese total, sólo 25 fueron perpetrados por adolescentes menores de 16, actualmente no punibles. Ese mismo año ingresaron a centros de detención juvenil 1.236 jóvenes, de los cuales 276 (un 22%) tenían menos de 16 años.
En muchos de esos casos, los adolescentes ya llegan al sistema penal tras haber atravesado situaciones previas de vulnerabilidad. Consumos problemáticos de drogas, abandono escolar o captación por redes delictivas suelen formar parte de trayectorias marcadas por la exclusión social. Quienes trabajan desde hace décadas en este área señalan que intervenir sobre ese universo reducido con políticas de salud mental, prevención y acompañamiento podría resultar más efectivo que ampliar el sistema punitivo.
Sin embargo, la reforma apunta en otra dirección. Entre los puntos más controvertidos se encuentra la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y la posibilidad de aplicar penas de hasta 15 años de prisión. Además, el proyecto no distingue entre las diferentes franjas etarias de la adolescencia ni establece regímenes diferenciados según la gravedad de los delitos, lo que equipara en muchos aspectos el tratamiento penal de los adolescentes con el de los adultos.
Organismos de derechos humanos advierten que este enfoque podría agravar problemas ya existentes dentro de los centros de detención juvenil. Según datos relevados por la CPM para su Informe Anual 2025, 531 jóvenes entrevistados denunciaron 1.416 hechos de tortura o malos tratos en establecimientos de encierro bonaerenses. Entre las denuncias figuran agresiones físicas, aislamiento extremo, falta de acceso a educación y atención sanitaria deficiente.
Las condiciones materiales y el régimen cotidiano dentro de estos centros refuerzan la preocupación de quienes conocen el día a día de estos espacios. En muchos casos, los jóvenes pasan más de 18 horas diarias aislados, con acceso limitado a actividades educativas, laborales o recreativas. Estas condiciones, lejos de favorecer procesos de responsabilización o reinserción social, pueden profundizar trayectorias de exclusión y violencia.
"No existe evidencia que vincule la baja de la edad de imputabilidad con una reducción del delito. De hecho, países con edades de imputabilidad más bajas que la Argentina registran tasas de homicidio considerablemente más altas", fue una de las advertencias más tajantes que lanzó una especialista en política criminal. En tanto, la evidencia comparada indica que el encarcelamiento masivo de adolescentes suele tener efectos contraproducentes.
En este contexto, especialistas y organismos advierten que la reforma podría terminar consolidando un sistema penal juvenil aún más punitivo dentro de un aparato institucional ya sobrecargado. Más que resolver los problemas de seguridad, sostienen, el nuevo régimen corre el riesgo de ampliar el número de jóvenes detenidos sin atacar las causas estructurales que alimentan la violencia. En un sistema saturado, el impacto podría sentirse no sólo en las instituciones de encierro, sino también en la calidad democrática y en la capacidad del Estado para garantizar derechos.
Situación actual en la provincia de Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires, los institutos para menores de edad con causas penales dependen del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, y no del Servicio Penitenciario Bonaerense, como en el caso de los adultos. Bajo ese ministerio funciona el Organismo de Niñez y Adolescencia, a cargo de toda la política de niñez, tanto la asistencial como la penal. De esta manera, los institutos penales están bajo la órbita de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil.
En la actualidad, existen un total de 677 niños y niñas privados de su libertad y 86 no punibles privados de su libertad. En territorio bonaerense hay un total de 49 centros, que se dividen entre Socioeducativo de Privación de Libertad Ambulatoria, Socioeducativo de Contención y de Referencia Territorial.
Los Centros Socioeducativos de Privación de Libertad Ambulatoria (17) son aquellos con un régimen “cerrado”. Estos son establecimientos convivenciales para la aplicación de medidas restrictivas de la libertad dispuestas por Juzgados o Tribunales con competencia en la materia. Estos centros cuentan con barreras edilicias, muros perimetrales y personal de seguridad a fin de cumplir con las medidas estipuladas.
Por otro lado, los Centros Socioeducativos de Contención (11) son “semicerrados”, en donde las/os adolescentes pueden salir transitoriamente, en forma autónoma y/o acompañadas/os por operadores, donde las actividades educativas, recreativas, sanitarias y deportivas se desarrollan.
Por último, los Centros de Referencia Territorial (21) son aquellos en donde los adolescentes no están encerrados ni son internos pero realizan actividades vinculadas a los institutos (como las mencionadas anteriormente).
En diálogo con La Tecla, la directora del Programa Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes, María Sofía Porta, evidenció los detalles del impacto de la baja de la edad de imputabilidad y advirtió sobre los efectos "en un sistema ya colapsado".
-¿Qué impacto concreto prevén en el sistema de responsabilidad penal juvenil de la PBA y en la capacidad de sus centros socioeducativos para recibir a más adolescentes? ¿Está en riesgo el modelo socioeducativo de los centros o del sistema?
A partir del monitoreo desarrollado en los centros cerrados de la provincia de Buenos Aires, en nuestro carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, venimos advirtiendo que el modelo socioeducativo ya está en riesgo, o mejor dicho nunca fue dotado de presupuesto y gestiones suficientes para su implementación.
Hablamos de instituciones con acceso a la educación formal deficiente ya sea desde la restricción total relevada en algunos dispositivos, la informalidad de sustitución por formatos de “apoyo escolar” en otros o bien la reducción de la duración de clases y de calidad en los contenidos por falta de capacidad áulica para la población alojada y de docentes para los diferentes niveles pedagógicos alcanzados.
Las propuestas de formación laboral son escasas, precarias, informales y profundamente arbitrarias de acuerdo a quienes gobiernan las instituciones. En su mayoría, no cuentan con diseño curricular, certificación ni docentes asignados, se implementan como meras actividades desplegadas por algún asistente que cuenta con algún saber extra a la función de custodia que desempeña. Tampoco cuentan con insumos suficientes para poder realizar las producciones propuestas, dependiendo mayormente de la voluntad de asistentes y jóvenes para solventar tales gastos.
"Esta ley crea un sistema de persecución juvenil que es más grave que el que se aplica a los adultos y es, a todas luces, inconstitucional", advirtió la CPM.
A esto se suma un acceso limitado al patio, al aire libre y a la luz solar, generalmente por razones de organización interna como la faltante de personal y la división de la población en grupos reducidos que limitan el tiempo neto de permanencia en las actividades y espacios de recreación. Esto es reemplazado aislamiento en celda de hasta 18 horas diarias en algunos dispositivos, extensión del aislamiento en mal llamadas recreaciones desprovistas de mobiliario y recursos para tal fin, en algunos casos semejantes a jaulas mirando la televisión tras la reja que delimita el espacio.
La ley sancionada genera un inmediato desborde de un sistema ya colapsado. No solo en lo que tiene para ofrecer a los niños y niñas que ahora serán penalizados, en las plazas disponibles en las instituciones vigentes y las pésimas estructuras edilicias y de personal. El sistema penal en su conjunto no está preparado. Por ejemplo, la mayoría de los Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires funcionan con importantes déficits de jueces del Fuero Penal Juvenil: juzgados con vacantes, jueces próximos a la edad jubilatoria, jueces subrogando más de un juzgado a la vez incluso durante años, y una notoria falta de especificidad en la mirada y el abordaje al devenir en su mayoría del fuero de adultos.
-Los informes de monitoreo de la CPM vienen denunciando situaciones de violencia, aislamiento y falta de acceso a educación en centros de encierro. ¿Qué podría ocurrir con esas condiciones si aumenta la cantidad de adolescentes judicializados y privados de libertad?
Los lugares de detención penal juvenil, en la Provincia de Buenos Aires, se encuentran sumamente deteriorados y con el recrudecimiento de prácticas cada vez más gravosas para la población detenida: torturas y malos tratos, deficiente alimentación, condiciones edilicias deterioradas y dinámicas que rozan encubrimiento de distintas violencias de las que los jóvenes son víctimas.
El monitoreo desarrollado nos permite constatar la persistencia de la tortura como práctica sistemática en los centros de detención de jóvenes y niños. En el último Informe Anual 2025 publicado por esta CPM, se registran durante ese año que 531 jóvenes entrevistados denunciaron 1.416 hechos de tortura y/o malos tratos: agresiones físicas, agresiones verbales o psicológicas, falta o deficiente asistencia de la salud, falta o deficiente acceso a la justicia, aislamiento extremo, afectación del vínculo familiar y social, falta o deficiente acceso a actividades deportivas, culturales, recreativas y/o laborales, falta o deficiente acceso a educación, malas condiciones materiales, falta o deficiente ejercicio de la participación, falta o deficiente alimentación, requisa vejatoria y/o violenta, traslados violatorios de derechos, falta o deficiente acceso a pertenencias, amenazas y violencia policial.
Lo venimos denunciando desde hace 20 años. Hemos monitoreado cómo el sistema de justicia y encierro para jóvenes se adultizaba y carcelizaba sin que ninguno de los tres poderes del Estado revirtiera este camino.
-¿Qué riesgos ven en que el sistema penal se convierta en la principal respuesta estatal frente a menores en situaciones vulnerables (pobreza, exclusión o violencia, etc.)?
Esta reforma consagra el fracaso de las políticas de niñez. No mejorará nada la seguridad de la ciudadanía y, por el contrario, producirá más violencia y más inseguridad. La CPM ha expresado la urgencia en derogar el decreto ley 22.278/80, Régimen Penal de la Minoridad, impuesto por la última dictadura militar y la necesidad de sancionar una ley de responsabilidad penal juvenil que actúe como subsidiaria de la ley 26.061 y acorde a las normativas internacionales con rango constitucional en nuestro país. Pero estas normas deben reformarse para mejorar el sistema, no para empeorarlo.
Debemos insistir en que los problemas sociales ocasionados por la desigualdad no se resuelven con el sistema penal, menos aun tratándose de niños y niñas con quienes el Estado tiene una especial obligación de proteger derechos y estar presente mediante instituciones que promuevan su ejercicio: hay que fortalecer y dotar de más presupuesto a los Servicios Locales, las escuelas, los centros comunitarios, los dispositivos de salud, los clubes de barrio.
La retórica y los discursos utilizados para promover este proyecto apelaron a un imaginario social racista y clasista. Segregan a un otro diferente presentado como el enemigo social al que se debe controlar, reprimir, expulsar, encerrar y torturar. Incluso matar.
Múltiples actores que trabajan con niñeces y organismos han señalado éstos y otros argumentos contra esta ley y a favor de políticas que aborden esta problemática desde la prevención y la presencia del Estado en los barrios y las instituciones. Políticas sociales que garanticen derechos, no políticas punitivas que los restrinjan sin fundamentos.
Por su parte, respecto a este tema, la Coordinadora del Equipo de Politica Criminal y Violencia en el Encierro, Macarena Fernández Hofmann, agregó:
En la provincia de Buenos Aires, donde se concentra casi la mitad de los hechos delictivos del país, la discusión adquiere un peso particular. El nuevo esquema llega a un escenario ya tensionado por años de deterioro institucional y saturación de los dispositivos de encierro.
Durante décadas, la discusión sobre la baja de la edad de punibilidad se desarrolló con escasos estudios rigurosos y con poca evidencia empírica. Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advierten que juzgar y encarcelar a adolescentes cada vez más jóvenes no resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito. Por el contrario, sostienen que estas políticas tienden a profundizar la criminalización de la pobreza y a desplazar una responsabilidad central del Estado: garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En marzo de 2025 había 584 punibles y 96 no punibles. En los demás años los datos corresponden a diciembre.
Haciendo caso omiso a estas advertencias, el Gobierno nacional impulsó la reforma en un contexto de deterioro general del sistema penal. La crisis no sólo atraviesa al sistema juvenil sino también al de adultos, marcado por el hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria y la precariedad de las condiciones de detención. En ese marco, especialistas advierten que ampliar el alcance del castigo penal podría profundizar un escenario que ya presenta signos de degradación institucional.
En territorio bonaerense, distintos gobiernos intentaron en los últimos años introducir reformas orientadas a revertir las lógicas más punitivas del encierro juvenil. Sin embargo, esos esfuerzos convivieron con limitaciones estructurales: falta de recursos, escasez de personal especializado y una infraestructura que muchas veces reproduce esquemas carcelarios. En la práctica, los centros cerrados destinados a jóvenes suelen funcionar bajo regímenes que, según advierten especialistas, pueden resultar incluso más restrictivos que los de las cárceles de adultos.
A su vez, los datos disponibles relativizan la incidencia real de los menores de edad en los delitos más graves. En 2025, en la provincia de Buenos Aires se registraron 88 homicidios dolosos cometidos por menores de 18 años. De ese total, sólo 25 fueron perpetrados por adolescentes menores de 16, actualmente no punibles. Ese mismo año ingresaron a centros de detención juvenil 1.236 jóvenes, de los cuales 276 (un 22%) tenían menos de 16 años.
En muchos de esos casos, los adolescentes ya llegan al sistema penal tras haber atravesado situaciones previas de vulnerabilidad. Consumos problemáticos de drogas, abandono escolar o captación por redes delictivas suelen formar parte de trayectorias marcadas por la exclusión social. Quienes trabajan desde hace décadas en este área señalan que intervenir sobre ese universo reducido con políticas de salud mental, prevención y acompañamiento podría resultar más efectivo que ampliar el sistema punitivo.
Sin embargo, la reforma apunta en otra dirección. Entre los puntos más controvertidos se encuentra la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y la posibilidad de aplicar penas de hasta 15 años de prisión. Además, el proyecto no distingue entre las diferentes franjas etarias de la adolescencia ni establece regímenes diferenciados según la gravedad de los delitos, lo que equipara en muchos aspectos el tratamiento penal de los adolescentes con el de los adultos.
Organismos de derechos humanos advierten que este enfoque podría agravar problemas ya existentes dentro de los centros de detención juvenil. Según datos relevados por la CPM para su Informe Anual 2025, 531 jóvenes entrevistados denunciaron 1.416 hechos de tortura o malos tratos en establecimientos de encierro bonaerenses. Entre las denuncias figuran agresiones físicas, aislamiento extremo, falta de acceso a educación y atención sanitaria deficiente.
Las condiciones materiales y el régimen cotidiano dentro de estos centros refuerzan la preocupación de quienes conocen el día a día de estos espacios. En muchos casos, los jóvenes pasan más de 18 horas diarias aislados, con acceso limitado a actividades educativas, laborales o recreativas. Estas condiciones, lejos de favorecer procesos de responsabilización o reinserción social, pueden profundizar trayectorias de exclusión y violencia.
"No existe evidencia que vincule la baja de la edad de imputabilidad con una reducción del delito. De hecho, países con edades de imputabilidad más bajas que la Argentina registran tasas de homicidio considerablemente más altas", fue una de las advertencias más tajantes que lanzó una especialista en política criminal. En tanto, la evidencia comparada indica que el encarcelamiento masivo de adolescentes suele tener efectos contraproducentes.
En este contexto, especialistas y organismos advierten que la reforma podría terminar consolidando un sistema penal juvenil aún más punitivo dentro de un aparato institucional ya sobrecargado. Más que resolver los problemas de seguridad, sostienen, el nuevo régimen corre el riesgo de ampliar el número de jóvenes detenidos sin atacar las causas estructurales que alimentan la violencia. En un sistema saturado, el impacto podría sentirse no sólo en las instituciones de encierro, sino también en la calidad democrática y en la capacidad del Estado para garantizar derechos.
Situación actual en la provincia de Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires, los institutos para menores de edad con causas penales dependen del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, y no del Servicio Penitenciario Bonaerense, como en el caso de los adultos. Bajo ese ministerio funciona el Organismo de Niñez y Adolescencia, a cargo de toda la política de niñez, tanto la asistencial como la penal. De esta manera, los institutos penales están bajo la órbita de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil.
En la actualidad, existen un total de 677 niños y niñas privados de su libertad y 86 no punibles privados de su libertad. En territorio bonaerense hay un total de 49 centros, que se dividen entre Socioeducativo de Privación de Libertad Ambulatoria, Socioeducativo de Contención y de Referencia Territorial.
Los Centros Socioeducativos de Privación de Libertad Ambulatoria (17) son aquellos con un régimen “cerrado”. Estos son establecimientos convivenciales para la aplicación de medidas restrictivas de la libertad dispuestas por Juzgados o Tribunales con competencia en la materia. Estos centros cuentan con barreras edilicias, muros perimetrales y personal de seguridad a fin de cumplir con las medidas estipuladas.
Por otro lado, los Centros Socioeducativos de Contención (11) son “semicerrados”, en donde las/os adolescentes pueden salir transitoriamente, en forma autónoma y/o acompañadas/os por operadores, donde las actividades educativas, recreativas, sanitarias y deportivas se desarrollan.
Por último, los Centros de Referencia Territorial (21) son aquellos en donde los adolescentes no están encerrados ni son internos pero realizan actividades vinculadas a los institutos (como las mencionadas anteriormente).
En diálogo con La Tecla, la directora del Programa Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes, María Sofía Porta, evidenció los detalles del impacto de la baja de la edad de imputabilidad y advirtió sobre los efectos "en un sistema ya colapsado".
-¿Qué impacto concreto prevén en el sistema de responsabilidad penal juvenil de la PBA y en la capacidad de sus centros socioeducativos para recibir a más adolescentes? ¿Está en riesgo el modelo socioeducativo de los centros o del sistema?
A partir del monitoreo desarrollado en los centros cerrados de la provincia de Buenos Aires, en nuestro carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, venimos advirtiendo que el modelo socioeducativo ya está en riesgo, o mejor dicho nunca fue dotado de presupuesto y gestiones suficientes para su implementación.
Hablamos de instituciones con acceso a la educación formal deficiente ya sea desde la restricción total relevada en algunos dispositivos, la informalidad de sustitución por formatos de “apoyo escolar” en otros o bien la reducción de la duración de clases y de calidad en los contenidos por falta de capacidad áulica para la población alojada y de docentes para los diferentes niveles pedagógicos alcanzados.
Las propuestas de formación laboral son escasas, precarias, informales y profundamente arbitrarias de acuerdo a quienes gobiernan las instituciones. En su mayoría, no cuentan con diseño curricular, certificación ni docentes asignados, se implementan como meras actividades desplegadas por algún asistente que cuenta con algún saber extra a la función de custodia que desempeña. Tampoco cuentan con insumos suficientes para poder realizar las producciones propuestas, dependiendo mayormente de la voluntad de asistentes y jóvenes para solventar tales gastos.
"Esta ley crea un sistema de persecución juvenil que es más grave que el que se aplica a los adultos y es, a todas luces, inconstitucional", advirtió la CPM.
A esto se suma un acceso limitado al patio, al aire libre y a la luz solar, generalmente por razones de organización interna como la faltante de personal y la división de la población en grupos reducidos que limitan el tiempo neto de permanencia en las actividades y espacios de recreación. Esto es reemplazado aislamiento en celda de hasta 18 horas diarias en algunos dispositivos, extensión del aislamiento en mal llamadas recreaciones desprovistas de mobiliario y recursos para tal fin, en algunos casos semejantes a jaulas mirando la televisión tras la reja que delimita el espacio.
La ley sancionada genera un inmediato desborde de un sistema ya colapsado. No solo en lo que tiene para ofrecer a los niños y niñas que ahora serán penalizados, en las plazas disponibles en las instituciones vigentes y las pésimas estructuras edilicias y de personal. El sistema penal en su conjunto no está preparado. Por ejemplo, la mayoría de los Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires funcionan con importantes déficits de jueces del Fuero Penal Juvenil: juzgados con vacantes, jueces próximos a la edad jubilatoria, jueces subrogando más de un juzgado a la vez incluso durante años, y una notoria falta de especificidad en la mirada y el abordaje al devenir en su mayoría del fuero de adultos.
-Los informes de monitoreo de la CPM vienen denunciando situaciones de violencia, aislamiento y falta de acceso a educación en centros de encierro. ¿Qué podría ocurrir con esas condiciones si aumenta la cantidad de adolescentes judicializados y privados de libertad?
Los lugares de detención penal juvenil, en la Provincia de Buenos Aires, se encuentran sumamente deteriorados y con el recrudecimiento de prácticas cada vez más gravosas para la población detenida: torturas y malos tratos, deficiente alimentación, condiciones edilicias deterioradas y dinámicas que rozan encubrimiento de distintas violencias de las que los jóvenes son víctimas.
El monitoreo desarrollado nos permite constatar la persistencia de la tortura como práctica sistemática en los centros de detención de jóvenes y niños. En el último Informe Anual 2025 publicado por esta CPM, se registran durante ese año que 531 jóvenes entrevistados denunciaron 1.416 hechos de tortura y/o malos tratos: agresiones físicas, agresiones verbales o psicológicas, falta o deficiente asistencia de la salud, falta o deficiente acceso a la justicia, aislamiento extremo, afectación del vínculo familiar y social, falta o deficiente acceso a actividades deportivas, culturales, recreativas y/o laborales, falta o deficiente acceso a educación, malas condiciones materiales, falta o deficiente ejercicio de la participación, falta o deficiente alimentación, requisa vejatoria y/o violenta, traslados violatorios de derechos, falta o deficiente acceso a pertenencias, amenazas y violencia policial.
Lo venimos denunciando desde hace 20 años. Hemos monitoreado cómo el sistema de justicia y encierro para jóvenes se adultizaba y carcelizaba sin que ninguno de los tres poderes del Estado revirtiera este camino.
-¿Qué riesgos ven en que el sistema penal se convierta en la principal respuesta estatal frente a menores en situaciones vulnerables (pobreza, exclusión o violencia, etc.)?
Esta reforma consagra el fracaso de las políticas de niñez. No mejorará nada la seguridad de la ciudadanía y, por el contrario, producirá más violencia y más inseguridad. La CPM ha expresado la urgencia en derogar el decreto ley 22.278/80, Régimen Penal de la Minoridad, impuesto por la última dictadura militar y la necesidad de sancionar una ley de responsabilidad penal juvenil que actúe como subsidiaria de la ley 26.061 y acorde a las normativas internacionales con rango constitucional en nuestro país. Pero estas normas deben reformarse para mejorar el sistema, no para empeorarlo.
Debemos insistir en que los problemas sociales ocasionados por la desigualdad no se resuelven con el sistema penal, menos aun tratándose de niños y niñas con quienes el Estado tiene una especial obligación de proteger derechos y estar presente mediante instituciones que promuevan su ejercicio: hay que fortalecer y dotar de más presupuesto a los Servicios Locales, las escuelas, los centros comunitarios, los dispositivos de salud, los clubes de barrio.
La retórica y los discursos utilizados para promover este proyecto apelaron a un imaginario social racista y clasista. Segregan a un otro diferente presentado como el enemigo social al que se debe controlar, reprimir, expulsar, encerrar y torturar. Incluso matar.
Múltiples actores que trabajan con niñeces y organismos han señalado éstos y otros argumentos contra esta ley y a favor de políticas que aborden esta problemática desde la prevención y la presencia del Estado en los barrios y las instituciones. Políticas sociales que garanticen derechos, no políticas punitivas que los restrinjan sin fundamentos.
Por su parte, respecto a este tema, la Coordinadora del Equipo de Politica Criminal y Violencia en el Encierro, Macarena Fernández Hofmann, agregó:
—¿Hay riesgo de que el perfil actual de los centros de detención juvenil cambie con la reforma?
—Sí. El principal riesgo es que todo el sistema penal juvenil pase a regirse por una lógica mucho más carcelaria que educativa. Si un adolescente puede pasar hasta quince años privado de libertad, eso cambia completamente la dinámica del encierro. Ese horizonte de pena rompe con el modelo socioeducativo que, al menos en términos formales, intentan tener los centros. Todo indica que el escenario podría empeorar: ya partimos de una situación complicada y, con la ampliación de delitos alcanzados, la posibilidad de prisión preventiva y la baja de edad de imputabilidad, es esperable un aumento de la población penal juvenil. Eso va a impactar en un sistema que ya funciona con muchas dificultades.
—¿Los adolescentes podrían terminar detenidos junto con adultos?
—En principio no deberían. Son sistemas distintos y deberían estar alojados en centros específicos para jóvenes. El problema es que la ley no lo explicita con absoluta claridad. En el último dictamen se modificó una redacción que permitía que estuvieran en instituciones donde también hubiera adultos, aunque en pabellones separados. Eso se eliminó, pero igualmente la prohibición no quedó tan detallada como deberían exigir los estándares internacionales, que establecen una separación total.
Macarena Fernández Hofmann, Coordinadora del Equipo de Politica Criminal y Violencia en el Encierro.
Además, hay antecedentes preocupantes. Por ejemplo, en Tucumán el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso por decreto el traslado de algunos menores —los que tenían penas más largas por delitos graves— a pabellones dentro de una cárcel de adultos. Eso muestra cómo pueden generarse zonas grises que después habrá que monitorear en la práctica. Probablemente las organizaciones tengan que controlar caso por caso y, si es necesario, judicializar situaciones para garantizar que se cumpla el principio de separación.
—La reforma plantea que el Estado creará nuevos centros de detención para esta población. ¿Hay expectativas de que eso ocurra? ¿Fue una reforma apresurada?
—No diría que fue apresurada. En realidad, la Argentina tenía una deuda histórica respecto de su legislación en materia de régimen penal juvenil. Era necesario modificar el sistema vigente. De hecho, la discusión fue larga: durante todo 2024 se debatió en comisiones de Diputados y había muchos proyectos distintos.
El texto final terminó siendo un proyecto muy negociado. Incluso logró mejorar aspectos muy graves de la propuesta original del Poder Ejecutivo, como la intención inicial de bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, el resultado final mantiene un espíritu fuertemente punitivo: la lógica predominante es la del castigo y la privación de libertad como respuesta frente a adolescentes sospechados de cometer delitos.
—¿Qué muestran las experiencias de otros países de América Latina que tienen sistemas similares?
—Es difícil medir la eficacia en términos absolutos, pero sí hay diferencias importantes con lo que se aprobó en Argentina. Por ejemplo, en Brasil la edad de ingreso al sistema puede ser baja, pero las penas máximas son mucho más cortas, de alrededor de cinco años. Además, el régimen no es igual para todas las edades: se diferencian claramente los adolescentes de 14 y 15 años de los de 16 y 17, y también varía según el tipo de delito.
En muchos países hay delitos para los que directamente no se permite la privación de libertad. En cambio, el sistema argentino que se aprobó es único para toda la franja etaria y prácticamente para todos los delitos. Es decir, aplica una lógica muy similar a la del Código Penal de adultos, sin considerar suficientemente las diferencias de edad, condiciones sociales o situaciones de vulnerabilidad.
—¿Más encarcelamiento reduce el delito?
—En general, no. El aumento del encarcelamiento no suele generar una baja en los delitos. Incluso existe la hipótesis —difícil de comprobar empíricamente— de que puede producir el efecto contrario, porque más personas pasan por experiencias de encierro que terminan reforzando trayectorias delictivas.
Además, en el caso de los adolescentes, la mayoría de los hechos no son delitos graves sino delitos contra la propiedad. Cuando una política criminal pone el eje en la detención, lo que suele verse es un aumento de la cantidad de jóvenes privados de libertad.
—¿Esta reforma podría servir como base para mejoras futuras o habría que cambiarla completamente?
—La ley incluye algunas herramientas que, en teoría, podrían ser positivas. Por ejemplo, prevé una batería de medidas alternativas a la privación de libertad. El problema es que para acceder a ellas hay muchos filtros: intervienen evaluaciones de la fiscalía, informes sobre el adolescente y, finalmente, la decisión del juez.
En la práctica, si los jueces tienden a privilegiar el encarcelamiento —algo que también sucede en el sistema penal de adultos—, esas alternativas podrían quedar relegadas. Es decir, la ley abre una ventana para respuestas menos punitivas, pero deja demasiada discrecionalidad.
Por eso, el resultado final dependerá mucho de cómo se aplique. Si predominan las medidas alternativas, el impacto podría ser menos grave. Pero si la tendencia es usar la privación de libertad como respuesta principal, el sistema va a terminar vulnerando derechos y generando más problemas. Garantizar que eso no ocurra probablemente requeriría una nueva reforma o modificaciones importantes al régimen actual.