PANORAMA
La Tecla Mar del Plata
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Un vecindario con olor a cloaca
Los desbordes de efluentes en Pinamar y Villa Gesell afectan a municipio vecino de General Madariaga. Acusaciones cruzadas, denuncias judiciales y un problema donde los desechos son ajenos
Los reiterados desbordes cloacales en Pinamar y Villa Gesell generaron un dolor de cabeza para las autoridades y vecinos de General Madariaga, porque los efluentes ingresan a su territorio y generan consecuencias ambientales y económicas. Ante la repetición de estos episodios, el municipio afectado presentó denuncias judiciales, mientras que en Gesell también se impulsaron acciones penales por presunta contaminación. Los detalles del conflicto que tiene a tres municipios enfrentados.
No se trata de un hecho aislado y un nuevo desborde en Pinamar, en pleno auge de la temporada estival puso el acento nacional por la laguna de efluentes que se generó sobre la ruta. El municipio de Madariaga incorporó este episodio como hecho sobreviniente en la causa judicial iniciada en 2022 contra la municipalidad de Pinamar y la Cooperativa de Agua y Luz (CALP), bajo el expediente “Pretensión Declarativa de Certeza” que tramita actualmente en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Necochea.
En su presentación, la comuna denunció que los efluentes traspasaron el límite jurisdiccional fijado por la Ruta 11, repitiendo un escenario que -según consta en el expediente- ya ocurrió al menos cinco veces desde 2015. La Policía Ambiental intervino y la Fiscalía N° 5 de Pinamar tomó cartas en el asunto. Pero el problema estructural persiste y las respuestas son poco convincentes.
Mientras tanto, en Pinamar las explicaciones oficiales apuntan a fallas técnicas y a la ausencia histórica de una planta depuradora. Cabe destacar que, en ese municipio costero, el sistema cloacal descansa en lagunas de derrame y estaciones de bombeo que no logran contener el crecimiento urbano del distrito. Asimismo, las obras son temporales y no brindan una solución definitiva para evitar episodios de esta naturaleza.
Voces consultadas de la oposición pinamarense cuestionaron duramente la gestión de obras por parte del municipio que conduce Juan Ibarguren (PRO) y pusieron en evidencia que más de 40 mil conexiones eléctricas conviven con apenas la mitad de conexiones cloacales. Además, frente a los continuos desbordes las responsabilidades se diluyen entre
la municipalidad y la cooperativa, mientras el daño se escurre hacia el partido vecino.
A este escenario se suma la situación de Villa Gesell, donde el problema también llegó a la Justicia con una denuncia penal contra directivos de ABSA y funcionarios municipales por presunta contaminación ambiental y omisión de deberes. La acusación sostiene que existirían vertidos sistemáticos sin tratamiento adecuado en la planta depuradora local, con posible afectación de napas freáticas y riesgo para la salud pública, en el marco del artículo 200 del Código Penal y la Ley de Residuos Peligrosos. La presentación judicial solicita peritajes técnicos e inspecciones urgentes, lo que amplía el conflicto y deja en evidencia que el problema sanitario trasciende límites partidarios.
En el medio queda Madariaga, receptor involuntario de residuos ajenos y obligado a judicializar una situación que no genera. Al igual que ocurre con Pinamar, los derrames sin tratamiento cruzan la Ruta 11 a la altura de la planta depuradora gesellina y derraman sobre tierras madariaguenses, generando una grave contaminación ambiental, por la realización de un canal de desagote que traspasa los límites jurisdiccionales.
A su vez, hay otro cruce de efluentes cercano a la rotonda de ingreso a Villa Gesell, el cual desemboca en un canal de 2 kilómetros de longitud que pasa por detrás de la distribuidora Coca Cola y la Central Eléctrica de la Costa, llegando hasta el obrador montado para la construcción de la doble vía en la ruta 11.
Estos hechos, que dejan una postal de rutas cortadas, comercios afectados y suelos contaminados, son parte de un cuadro que combina crecimiento urbano sin planificación suficiente, controles discutidos y respuestas que llegan después del daño. El conflicto expone no sólo responsabilidades cruzadas, sino también una deuda estructural en materia de infraestructura sanitaria que impacta de lleno en la región, donde las respuestas lejos están de convencer a quienes se ven afectados por los efluentes cloacales de municipios vecinos.
Las explicaciones y el silencio
Frente a las consultas realizadas por La Tecla, la Municipalidad de Villa Gesell señaló que deben dar respuesta las autoridades de Aguas Bonaerenses (ABSA). Por su parte, frente al requerimiento a la empresa por los trabajos realizados para dar una solución a la problemática del volcado de efluentes, cargaron las responsabilidades contra la administración del Gobierno nacional.
Sin embargo, una denuncia penal presentada por la oposición gesellina arremetió contra la gestión municipal por el incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal). Asimismo, se puntualizó sobre la responsabilidad prevista en la Ley Orgánica de las Municipalidades (6769/58) por omisión de control y administración infiel de recursos públicos destinados a saneamiento. En tanto desde la muncipalidad de Pinamar se llamaron al silencio.
La postura de Madariaga frente al accionar de sus vecinos
El secretario de Legal, Técnica y Administrativa de Madariaga, Hernán Ferraro, confirmó que el municipio mantiene acciones judiciales contra Pinamar por los reiterados derrames cloacales que afectan al distrito. “Tenemos acciones legales con Pinamar que se iniciaron allá por el año 2023. Ante la existencia de derrame de líquidos cloacales, iniciamos una acción declarativa de certeza en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Dolores”, explicó. Según detalló, en esa presentación se solicitó que la Justicia declare la existencia de contaminación ambiental, determine responsabilidades y establezca un sistema de remediación.
Ferraro precisó que la causa fue contestada por la municipalidad de Pinamar y por la cooperativa CALP, concesionaria del servicio, y que posteriormente fue remitida a Necochea. “Se resolvió a fin del año pasado que se remita la causa a Necochea, teniendo en cuenta que el abogado de la CALP fue abogado del juez. Por esa razón se fue a Necochea y ahora está tramitando allí la acción”, indicó. Además, señaló que ya denunciaron “en dos oportunidades hechos nuevos”, en referencia a nuevos derrames registrados mientras el expediente continúa su curso judicial.
Respecto de Villa Gesell, el funcionario sostuvo que la situación también está bajo análisis. “Advertimos la existencia de líquidos provenientes del partido de Gesell y tomamos muestras. Estamos agotando la instancia administrativa para resolver las acciones”, afirmó. Sin embargo, remarcó que hasta el momento no obtuvieron respuestas oficiales: “No hemos tenido respuesta alguna. Eso nos obliga en cierta manera a accionar”. Ferraro agregó que desde el municipio geselino se desligaron de la situación y derivaron la responsabilidad a la empresa prestataria.
Ferraro afirmó que el municipio que concede el servicio debe controlar a la empresa y responder ante fallas. Señaló que en Pinamar la falta de planta depuradora evidencia un sistema colapsado y, ante la ausencia de respuestas de Villa Gesell, advirtió que evalúan iniciar acciones legales.
"Antes se envíaba agua depurada, hoy es agua con materia fecal"
El concejal Luis Vivas, de Villa Gesell, cuestionó el accionar del municipio frente a los desbordes cloacales y aseguró que la responsabilidad por la situación es “total” por parte del Ejecutivo local. Según afirmó, la planta depuradora perdió su vida útil hace más de 14 años y, pese a ello, continúan vertiéndose efluentes sin el tratamiento adecuado. “No se puede conectar una sola cloaca más hasta que se termine la obra. Enterrar caños no es hacer cloacas”, sostuvo, y remarcó que la falta de infraestructura adecuada impide ampliar el servicio sin agravar el problema ambiental.
Vivas señaló que la obra destinada a resolver la situación fue financiada con un préstamo del BID, pero quedó paralizada tras el cambio de gobierno nacional. No obstante, criticó que el municipio se limite a responsabilizar a la Nación sin realizar gestiones activas para reactivar los trabajos. “El intendente debería haber hecho una gestión firme para que la obra continúe, porque es esencial”, afirmó. En ese sentido, indicó que él mismo elevó un pedido al Presidente para que se retomen los trabajos ante la gravedad del cuadro ambiental.
El concejal también advirtió que, a partir de modificaciones en la traza de la ruta y la apertura de alcantarillas y zanjones, los efluentes estarían siendo derivados hacia el partido de General Madariaga sin acuerdo entre las partes, lo que podría derivar en acciones judiciales. “Antes se enviaba agua depurada; hoy es agua con materia fecal”, aseguró.Además, alertó sobre la contaminación de napas y los riesgos sanitarios, en un contexto que —según describió— “el sistema de salud local no está en condiciones de afrontar”.
Finalmente, el edil de La Libertad Avanza sostuvo que la situación genera un conflicto institucional entre ambos municipios y advirtió que el intendente de Madariaga ya manifestó su intención de avanzar judicialmente. “Estamos contaminando un municipio vecino y no estamos dando una solución de fondo”, afirmó. A su entender, la reactivación y finalización de la obra paralizada es la única alternativa para frenar el deterioro ambiental y evitar consecuencias mayores tanto para Villa Gesell como para la región.
"Las lagunas no son la solución y son altamente contaminantes"
El referente del PJ de Pinamar, Martín Porretti, cuestionó la falta de soluciones estructurales tras el último desborde cloacal registrado durante el verano y apuntó contra la responsabilidad del municipio en el control del servicio. Según sostuvo, después del episodio “no hay más respuesta” que medidas provisorias para contener el avance de los líquidos.
“Lo que se hizo fue canalizar de otra manera, tirar arena, hacer terraplenes, cercar los desbordes para que sea más difícil que el agua salga. Es como cuando en la playa tirás arena alrededor del pozo para que el agua quede ahí”, graficó. Y advirtió que la obra de la planta depuradora “está frenada por ahora”, por lo que “todos los desechos locales siguen cayendo ahí”.
Consultado sobre las responsabilidades, luego de que en su momento el Ejecutivo señalara a la cooperativa concesionaria, Porretti afirmó que la situación no cambió. “Se pusieron de acuerdo para gestionar la forma de cómo taparlo y ahí quedó, nada más. La cooperativa sigue funcionando normalmente, el municipio también. Le pusieron una empalizada de arena, canalizaron un poco el suelo y listo”, señaló.
Para el dirigente, esa intervención no constituye una respuesta de fondo. “Claramente no es la solución porque eso es altamente contaminante y, aparte, no aguanta. No podés sostener un crecimiento poblacional como el que venimos teniendo con un sistema de lagunas”, sostuvo.
Además, alertó que la ciudad avanzó urbanísticamente sobre el área afectada: “Ahora alrededor de la laguna tenés clubes, scout, una cooperativa de reciclado, la policía montada. Cada vez hay más actividades humanas, con chicos inclusive al borde de la laguna”.
Porretti también cuestionó el desarrollo de la audiencia pública vinculada al tema. “Te daban cinco minutos para hablar y hacer preguntas, pero las preguntas no las respondían en el momento: te las contestaban por mail. O sea, si yo hago una pregunta me la responden a mí, no a todos”, explicó. Y concluyó: “Se desvirtúa la audiencia pública porque ya no es toda la ciudadanía escuchando la respuesta, sino respuestas individuales, con todo el tiempo del mundo para contestarlas y sin mirarte a la cara”.
No se trata de un hecho aislado y un nuevo desborde en Pinamar, en pleno auge de la temporada estival puso el acento nacional por la laguna de efluentes que se generó sobre la ruta. El municipio de Madariaga incorporó este episodio como hecho sobreviniente en la causa judicial iniciada en 2022 contra la municipalidad de Pinamar y la Cooperativa de Agua y Luz (CALP), bajo el expediente “Pretensión Declarativa de Certeza” que tramita actualmente en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Necochea.
En su presentación, la comuna denunció que los efluentes traspasaron el límite jurisdiccional fijado por la Ruta 11, repitiendo un escenario que -según consta en el expediente- ya ocurrió al menos cinco veces desde 2015. La Policía Ambiental intervino y la Fiscalía N° 5 de Pinamar tomó cartas en el asunto. Pero el problema estructural persiste y las respuestas son poco convincentes.
Mientras tanto, en Pinamar las explicaciones oficiales apuntan a fallas técnicas y a la ausencia histórica de una planta depuradora. Cabe destacar que, en ese municipio costero, el sistema cloacal descansa en lagunas de derrame y estaciones de bombeo que no logran contener el crecimiento urbano del distrito. Asimismo, las obras son temporales y no brindan una solución definitiva para evitar episodios de esta naturaleza.
Voces consultadas de la oposición pinamarense cuestionaron duramente la gestión de obras por parte del municipio que conduce Juan Ibarguren (PRO) y pusieron en evidencia que más de 40 mil conexiones eléctricas conviven con apenas la mitad de conexiones cloacales. Además, frente a los continuos desbordes las responsabilidades se diluyen entre
la municipalidad y la cooperativa, mientras el daño se escurre hacia el partido vecino.
A este escenario se suma la situación de Villa Gesell, donde el problema también llegó a la Justicia con una denuncia penal contra directivos de ABSA y funcionarios municipales por presunta contaminación ambiental y omisión de deberes. La acusación sostiene que existirían vertidos sistemáticos sin tratamiento adecuado en la planta depuradora local, con posible afectación de napas freáticas y riesgo para la salud pública, en el marco del artículo 200 del Código Penal y la Ley de Residuos Peligrosos. La presentación judicial solicita peritajes técnicos e inspecciones urgentes, lo que amplía el conflicto y deja en evidencia que el problema sanitario trasciende límites partidarios.
En el medio queda Madariaga, receptor involuntario de residuos ajenos y obligado a judicializar una situación que no genera. Al igual que ocurre con Pinamar, los derrames sin tratamiento cruzan la Ruta 11 a la altura de la planta depuradora gesellina y derraman sobre tierras madariaguenses, generando una grave contaminación ambiental, por la realización de un canal de desagote que traspasa los límites jurisdiccionales.
A su vez, hay otro cruce de efluentes cercano a la rotonda de ingreso a Villa Gesell, el cual desemboca en un canal de 2 kilómetros de longitud que pasa por detrás de la distribuidora Coca Cola y la Central Eléctrica de la Costa, llegando hasta el obrador montado para la construcción de la doble vía en la ruta 11.
Estos hechos, que dejan una postal de rutas cortadas, comercios afectados y suelos contaminados, son parte de un cuadro que combina crecimiento urbano sin planificación suficiente, controles discutidos y respuestas que llegan después del daño. El conflicto expone no sólo responsabilidades cruzadas, sino también una deuda estructural en materia de infraestructura sanitaria que impacta de lleno en la región, donde las respuestas lejos están de convencer a quienes se ven afectados por los efluentes cloacales de municipios vecinos.
Las explicaciones y el silencio
Frente a las consultas realizadas por La Tecla, la Municipalidad de Villa Gesell señaló que deben dar respuesta las autoridades de Aguas Bonaerenses (ABSA). Por su parte, frente al requerimiento a la empresa por los trabajos realizados para dar una solución a la problemática del volcado de efluentes, cargaron las responsabilidades contra la administración del Gobierno nacional.
Sin embargo, una denuncia penal presentada por la oposición gesellina arremetió contra la gestión municipal por el incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal). Asimismo, se puntualizó sobre la responsabilidad prevista en la Ley Orgánica de las Municipalidades (6769/58) por omisión de control y administración infiel de recursos públicos destinados a saneamiento. En tanto desde la muncipalidad de Pinamar se llamaron al silencio.
La postura de Madariaga frente al accionar de sus vecinos
El secretario de Legal, Técnica y Administrativa de Madariaga, Hernán Ferraro, confirmó que el municipio mantiene acciones judiciales contra Pinamar por los reiterados derrames cloacales que afectan al distrito. “Tenemos acciones legales con Pinamar que se iniciaron allá por el año 2023. Ante la existencia de derrame de líquidos cloacales, iniciamos una acción declarativa de certeza en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Dolores”, explicó. Según detalló, en esa presentación se solicitó que la Justicia declare la existencia de contaminación ambiental, determine responsabilidades y establezca un sistema de remediación.
Ferraro precisó que la causa fue contestada por la municipalidad de Pinamar y por la cooperativa CALP, concesionaria del servicio, y que posteriormente fue remitida a Necochea. “Se resolvió a fin del año pasado que se remita la causa a Necochea, teniendo en cuenta que el abogado de la CALP fue abogado del juez. Por esa razón se fue a Necochea y ahora está tramitando allí la acción”, indicó. Además, señaló que ya denunciaron “en dos oportunidades hechos nuevos”, en referencia a nuevos derrames registrados mientras el expediente continúa su curso judicial.
Respecto de Villa Gesell, el funcionario sostuvo que la situación también está bajo análisis. “Advertimos la existencia de líquidos provenientes del partido de Gesell y tomamos muestras. Estamos agotando la instancia administrativa para resolver las acciones”, afirmó. Sin embargo, remarcó que hasta el momento no obtuvieron respuestas oficiales: “No hemos tenido respuesta alguna. Eso nos obliga en cierta manera a accionar”. Ferraro agregó que desde el municipio geselino se desligaron de la situación y derivaron la responsabilidad a la empresa prestataria.
Ferraro afirmó que el municipio que concede el servicio debe controlar a la empresa y responder ante fallas. Señaló que en Pinamar la falta de planta depuradora evidencia un sistema colapsado y, ante la ausencia de respuestas de Villa Gesell, advirtió que evalúan iniciar acciones legales.
"Antes se envíaba agua depurada, hoy es agua con materia fecal"
El concejal Luis Vivas, de Villa Gesell, cuestionó el accionar del municipio frente a los desbordes cloacales y aseguró que la responsabilidad por la situación es “total” por parte del Ejecutivo local. Según afirmó, la planta depuradora perdió su vida útil hace más de 14 años y, pese a ello, continúan vertiéndose efluentes sin el tratamiento adecuado. “No se puede conectar una sola cloaca más hasta que se termine la obra. Enterrar caños no es hacer cloacas”, sostuvo, y remarcó que la falta de infraestructura adecuada impide ampliar el servicio sin agravar el problema ambiental.
Vivas señaló que la obra destinada a resolver la situación fue financiada con un préstamo del BID, pero quedó paralizada tras el cambio de gobierno nacional. No obstante, criticó que el municipio se limite a responsabilizar a la Nación sin realizar gestiones activas para reactivar los trabajos. “El intendente debería haber hecho una gestión firme para que la obra continúe, porque es esencial”, afirmó. En ese sentido, indicó que él mismo elevó un pedido al Presidente para que se retomen los trabajos ante la gravedad del cuadro ambiental.
El concejal también advirtió que, a partir de modificaciones en la traza de la ruta y la apertura de alcantarillas y zanjones, los efluentes estarían siendo derivados hacia el partido de General Madariaga sin acuerdo entre las partes, lo que podría derivar en acciones judiciales. “Antes se enviaba agua depurada; hoy es agua con materia fecal”, aseguró.Además, alertó sobre la contaminación de napas y los riesgos sanitarios, en un contexto que —según describió— “el sistema de salud local no está en condiciones de afrontar”.
Finalmente, el edil de La Libertad Avanza sostuvo que la situación genera un conflicto institucional entre ambos municipios y advirtió que el intendente de Madariaga ya manifestó su intención de avanzar judicialmente. “Estamos contaminando un municipio vecino y no estamos dando una solución de fondo”, afirmó. A su entender, la reactivación y finalización de la obra paralizada es la única alternativa para frenar el deterioro ambiental y evitar consecuencias mayores tanto para Villa Gesell como para la región.
"Las lagunas no son la solución y son altamente contaminantes"
El referente del PJ de Pinamar, Martín Porretti, cuestionó la falta de soluciones estructurales tras el último desborde cloacal registrado durante el verano y apuntó contra la responsabilidad del municipio en el control del servicio. Según sostuvo, después del episodio “no hay más respuesta” que medidas provisorias para contener el avance de los líquidos.
“Lo que se hizo fue canalizar de otra manera, tirar arena, hacer terraplenes, cercar los desbordes para que sea más difícil que el agua salga. Es como cuando en la playa tirás arena alrededor del pozo para que el agua quede ahí”, graficó. Y advirtió que la obra de la planta depuradora “está frenada por ahora”, por lo que “todos los desechos locales siguen cayendo ahí”.
Consultado sobre las responsabilidades, luego de que en su momento el Ejecutivo señalara a la cooperativa concesionaria, Porretti afirmó que la situación no cambió. “Se pusieron de acuerdo para gestionar la forma de cómo taparlo y ahí quedó, nada más. La cooperativa sigue funcionando normalmente, el municipio también. Le pusieron una empalizada de arena, canalizaron un poco el suelo y listo”, señaló.
Para el dirigente, esa intervención no constituye una respuesta de fondo. “Claramente no es la solución porque eso es altamente contaminante y, aparte, no aguanta. No podés sostener un crecimiento poblacional como el que venimos teniendo con un sistema de lagunas”, sostuvo.
Además, alertó que la ciudad avanzó urbanísticamente sobre el área afectada: “Ahora alrededor de la laguna tenés clubes, scout, una cooperativa de reciclado, la policía montada. Cada vez hay más actividades humanas, con chicos inclusive al borde de la laguna”.
Porretti también cuestionó el desarrollo de la audiencia pública vinculada al tema. “Te daban cinco minutos para hablar y hacer preguntas, pero las preguntas no las respondían en el momento: te las contestaban por mail. O sea, si yo hago una pregunta me la responden a mí, no a todos”, explicó. Y concluyó: “Se desvirtúa la audiencia pública porque ya no es toda la ciudadanía escuchando la respuesta, sino respuestas individuales, con todo el tiempo del mundo para contestarlas y sin mirarte a la cara”.