9 de marzo de 2026
FUERA DE REGLA
El preocupante estado de la flota municipal y el laberinto administrativo de General Pueyrredon
Tras meses de descentralización operativa, la gestión de los vehículos de la Comuna atraviesa un momento crítico. Unidades que circulan sin la verificación técnica obligatoria, seguros que no cubren reparaciones básicas y un desorden administrativo que diluye responsabilidades mientras la Justicia reclama los autos incautados al narcotráfico.
El verano ha quedado atrás en Mar del Plata, pero la resaca de una gestión logística deficiente empieza a emerger con el inicio de marzo. Aquella flota municipal que supo nutrirse de los golpes al narcotráfico para tapar baches operativos hoy se encuentra en una encrucijada donde el deterioro mecánico se combina con la opacidad administrativa. Lo que hace cinco meses se presentó como una redistribución de responsabilidades, en la que cada dependencia y ente descentralizado pasó a manejar su propia flota, ha derivado en un escenario de fragmentación donde el control parece haberse esfumado.
El dato más alarmante, y que golpea directamente la autoridad moral del municipio ante los contribuyentes, es la situación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Resulta una paradoja política difícil de digerir que la misma administración que exige y sanciona a los ciudadanos por el cumplimiento de esta norma mantenga a la gran mayoría de sus propios vehículos circulando al margen de la ley. Sin la oblea reglamentaria, las unidades municipales no solo operan en la ilegalidad, sino que representan un riesgo latente para el personal y para terceros. Este incumplimiento no es una mera omisión burocrática, sino el síntoma de un estado de abandono que ya no se puede ocultar bajo el discurso de la emergencia.
A esta irregularidad normativa se suma una crisis de mantenimiento que roza lo absurdo en términos económicos. Según ha trascendido, el estado de conservación de muchos móviles es tan deplorable que las pólizas de seguro vigentes cubren montos significativamente inferiores a lo que costaría ponerlos en condiciones funcionales. En términos llanos: el municipio tiene autos asegurados por valores de desguace mientras intenta utilizarlos para tareas de seguridad, salud o servicios urbanos. Esta descapitalización silenciosa convierte a la flota en un lastre financiero, donde la reparación de una camioneta o un camión se vuelve una misión imposible ante presupuestos que no contemplan la realidad de un parque automotor agotado por el uso intensivo y la falta de una política de mantenimiento centralizada.
Mientras la gestión interna se desmorona en compartimentos estancos, el frente judicial vuelve a presionar. Aquellos vehículos "judicializados" que llegaron como un alivio tras las causas de narcocriminalidad están dejando de ser una certeza. La Justicia continúa solicitando la devolución de estas unidades para avanzar en los procesos legales o para su restitución, dejando a la Comuna en una posición de extrema vulnerabilidad. Si el municipio no logra regularizar y mantener sus propios activos, y simultáneamente pierde las herramientas prestadas por los juzgados federales, el riesgo de una parálisis operativa en áreas sensibles es inminente.
El desafío de General Pueyrredon ya no es solo conseguir vehículos, sino demostrar que es capaz de gestionarlos con la transparencia y la rigurosidad que exige el manejo de los bienes públicos, antes de que el patrimonio municipal termine convertido definitivamente en un cementerio de chatarra a la vista de todos.