Viernes, 26 abril 2024
Lo que la semana nos dejó
Montenegro confirmó la vuelta de gimnasios y natatorios. La política marplatense destacó el acuerdo con los bonistas. Gollán puso en duda la próxima temporada de verano, pero en el Municipio confían en los protocolos. Todo esto y mucho más pasó en los últimos 7 días.
Montenegro confirmó la habilitación de nuevas actividades Tras las recomendaciones elevadas por la Comisión Especial de Reactivación Económica, el intendente Guillermo Montenegro firmó el lunes el decreto con la habilitación de nuevas actividades en General Pueyrredon. En primer lugar, el jefe comunal habilitó desde el martes una prueba piloto de 14 días para la actividad física en modalidad de “baja intensidad” (natatorios, yoga, pilates, gimnasios y similares); entrenamiento físico individual al aire libre en Villas Deportivas sin utilización de material deportivo; danzas, ensayos y formación artística; y ferias a cielo abierto (en este caso, con ordenanza habilitante). Por su parte, también se permitió la vuelta a la actividad de la rehabilitación cardíaca; diseñadores de alta costura; servicios en general (agencias de RRHH, alquiler de autos y similares); clínicas de cirugía estética; Predio Ferial Espacio Unzué; academias de surf; y academias de fotografías y modelos.
La apertura de actividades en el marco de la pandemia ha significado toda una ingeniería para el gobierno que conduce Guillermo Montenegro. Y las dilaciones en la aprobación de los protocolos de cada rubro por parte de Nación y Provincia encarriló una salida provisoria para otorgar habilitaciones precarias mediante la Comisión Especial de Reactivación Económica. Desde el inicio de la cuarentena, en General Pueyrredon se han habilitado unas 142 actividades, según precisaron desde la Secretaría de Desarrollo Productivo a La Tecla Mar del Plata. De este grupo, unos 70 rubros fueron recomendados por la mencionada Comisión. Entre los sectores que aún aguardan su habilitación, sobresalen los lugares cerrados de concurrencia masiva como los teatros, cines, boliches, hotelería para no esenciales, deportes colectivos, y eventos musicales y culturales, entre otros.
En las primeras horas de la madrugada del martes, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, anunció el acuerdo con gran parte de los acreedores de deuda argentina en el marco del plan de reestructuración puesto en marcha por la actual gestión y avalado por el Congreso. Se trata de los compromisos que tiene el país con los principales grupos de bonistas bajo ley extranjera. En concreto, Guzmán llegó a un acuerdo para canjear u$s66.300 millones de títulos emitidos en el exterior. Con este escenario, la noticia del día caló hondo en la política marplatense. Dirigentes de distintos espacios ponderaron la negociación que llegó a buen puerto y vaticinaron, en algunos casos, el posible impacto que tendrá para General Pueyrredon. "Celebramos el acuerdo con los acreedores porque representa sin dudas un escenario con mejores condiciones para que nuestro país siga creciendo", aseguró, hace instantes, el intendente Guillermo Montenegro en sus redes. “Es muy bueno para Argentina. Si al país le va mejor, a Mar del Plata le va mejor. Nadie puede oponerse, todos tiramos para arribar a esta situación”, coincidió Alejandro Rabinovich, el coordinador de Gabinete, en diálogo con La Tecla Mar del Plata. Y agregó: “La Industria, el puerto, y el turismo, los tres pilares de la producción en la ciudad, necesitan de grandes inversiones y esto le da previsibilidad al inversor. Bienvenido sea el acuerdo con los bonistas”. Por su parte desde el Frente de Todos, la concejala Virginia Sívori aseguró que “el principal concepto de la negociación es la sustentabilidad de la deuda”. Y que el “Gobierno Nacional logró un acuerdo que implica un importante alivio para la economía de nuestro país”. Del lado de Acción Marplatense, los concejales Horacio Taccone y Paula Mantero presentaron un proyecto de resolución manifestando “reconocimiento” a Alberto Fernández, y a Guzmán. “La renegociación de los vencimientos externos supone un logro altamente significativo que nos permitirá a todos los argentinos centrar las miradas y la energía en un proyecto nacional de trabajo y producción", observó el primero. Y concluyó: "Los argentinos necesitamos imperiosamente abrazar un proceso de país que privilegie la cultura del trabajo por encima de los aprovechamientos, inequidades y falta de transparencia que caracterizan a los negocios financieros”.
Ese escenario “nos interpela y plantea escenarios donde tendremos enormes desafíos en términos democráticos, culturales, sanitarios, económicos y sociales”, planteó el documento firmado por los principales dirigentes y referentes del radicalismo local, como así también por más de 200 militantes. “Consideramos que el camino para dar respuesta a la pandemia, en el marco del contexto nacional y provincial deben ser profundizando la democracia, modernizar el Estado y construir una agenda pública sobre tres ejes fundamentales: un nuevo federalismo, un sistema productivo innovador y un acuerdo colectivo que promueva la movilidad social y garantice la justicia social”, aseguró otro de los pasajes relevantes. En cuanto al debate filas adentro sobre el rol y el futuro de del partido, se planteó que “estamos trabajando, por una Unión Cívica Radical fuerte, unida y con vocación de poder, fortalecido con ideas, organización y nuevos liderazgos. Tenemos una visión real de futuro con reglas de juego claras, donde la idea central es que se constituya en alternativa; esto nos va a permitir una provincia de Buenos Aires federal, moderna, productiva, exportadora e igualitaria”.
La sede local del Ministerio de Trabajo bonaerense atraviesa tiempos convulsionados en el marco de la pandemia, con múltiples conflictos laborales por atender. Y, justamente, la gestión de los litigios entre empleados y empleadores ha suscitado una cadena de irregularidades en la institución. Normalmente un trabajador en conflicto acude a la dependencia, la cual oficia de intermediaria entre las partes afectadas. Si el caso no logra solucionarse administrativamente, se abre la posibilidad de una instancia judicial. Históricamente, el Ministerio ha contado con unos 5 abogados. Según el artículo 64 bis de la Ley Provincial N° 10.149, en estos casos en que el trabajador inicia una acción judicial al empleador, no podrá patrocinarlo el funcionario que lo hizo en la etapa administrativa, debiendo sortearse un abogado de un listado que proveen los Colegios Departamentales. Sin embargo, en los hechos, tal como confiaron fuentes calificadas a este medio, esto no se cumpliría en el organismo provincial: los letrados que allí se desempeñan, a pesar de la normativa, se quedan con los juicios laborales. Para contrarrestar esta situación, en abril de 2015, se celebró un convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Trabajo y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA). A través de este sistema, el trabajador que necesita asesoramiento lo solicita a través del Ministerio o del colegio profesional que haya en la localidad. El sistema realiza automáticamente un sorteo entre todos los profesionales inscriptos, y se los comunica a ambos vía mail. A partir de allí, si no hay motivo de excusación, comienza la tarea de asesoramiento, confección de cartas documento, presentación de reclamo administrativo y/o judicial si correspondiere. Con cerca de 300 profesionales inscriptos, el sistema comenzó a funcionar durante estos úlimos 5 años, con el beneficio para el trabajador de tener que abonar menos honorarios. Sin embargo, desde la irrupción de la pandemia este convenio se habría dejado de implementar, con lo cual crecen las sospechas de que se haya vuelto a favorecer a los abogados que trabajan en el Ministerio Gollán y una preocupante reflexión: dijo que “es inimaginable” una temporada en la Costa Atlántica “si no tenemos vacuna” El funcionario planteó que la situación sanitaria “nos plantea el interrogante de que si no hay vacuna disponible para todos qué va a pasar con la temporada de verano”. Además, en una entrevista al sitio Diputados Bonaerenses agregó que “es inimaginable que si no tenemos vacuna que miles de personas del Conurbano y del interior se movilicen a la Costa Atlántica”. Asimismo, Gollán puntualizó que la mayoría de los focos de contagio que se registran en los distritos de la Quinta Sección se inician con personas infectadas que se trasladan desde el Área Metropolitana de Buenos Aires. “Gran parte de los contagios del interior de los focos que se disparan son amigos que se juntaron a pescar, a hacer un baby shower o a hacer un asadito, generalmente es alguien que llega del AMBA contagiado y participa de una reunión social”, explicó. En diálogo con La Tecla Mar del Plata, un alto funcionario del Gabinete de Guillermo Montenegro reconoció que el tema del turismo “no es sencillo”. Y que el problema no abarca sólo a General Pueyrredon, sino a todas las ciudades de la Costa Atlántica. Por lo que, “al igual que en las otras actividades que se habilitaron”, habrá que recurrir a los protocolos. “Hasta que no salga la vacuna funcionaremos así. Tendremos que convivir con el virus”, apuntaron desde las altas esferas del Ejecutivo. En esa línea, el gobierno una respuesta de conjunto con las otras localidades costeras de la provincia para confeccionar el protocolo más minucioso posible. “Mientras no esté la cura no podemos estar encerrados. Hay alternativas. Si lo que está explotado es AMBA y CABA, tendremos que ver qué opciones hay para que lleguen visitantes”. La Suprema Corte declaró abstracta la demanda por competencia de poderes de Arroyo contra el Concejo Deliberante “Declarar abstracta la cuestión litigiosa, por lo cual no corresponde emitir pronunciamiento acerca de ella”. Con esas pocas palabras la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires descartó la demanda que en diciembre de 2018 entabló el Ejecutivo municipal contra el Concejo Deliberante por la sanción de una ordenanza que restituía las bonificaciones docentes. La resolución de los supremos llega con una demora considerable, teniendo en cuenta que la propia Ley Orgánica de las Municipalidad plantea que en casos de competencia de poderes, por tratarse de situaciones sensibles para la institucionalidad de un estado municipal, deberán ser resuelta en un plazo de 30 días desde iniciado el reclamo judicial. En su momento, la Corte había dictado una medida cautelar en favor del exintendente Carlos Arroyo, que suspendió los efectos de la Ordenanza cuestionada, medida que ahora fue dejada sin efectos. El fallo fechado el pasado 5 de agosto fue firmado de manera unánime por los jueces Sergio Torres, Hilda Kogan, Luis Genoud y Eduardo Pettigiani, el cual ya fue notificado a las partes. En su determinación, los jueces destacaron que en marzo de 2020 de incorporó al expediente el decreto 70/2020, “por el cual se establece que para el cálculo de la denominada Bonificación Especial Docentes, la equiparación del cargo de maestro de grado se efectuará en relación a la categoría 12 del escalafón municipal con una jornada de 35 horas semanales”, dejando sin efecto los artículos 9 y 10 del decreto 2272/2018 de Arroyo, el cual había iniciado la polémica. En la sentencia se recuerda que en 2018, el por entonces intendente Carlos Arroyo promovió la causa para que se declare la nulidad de las ordenanzas 18.189 y 18.257, y así validar el decreto 2272/2018 por el cual se determinaba la base del cálculo para la liquidación de la bonificación docente tomando como referencia un módulo de 24 horas semanales del nivel ocupacional 12. “Ahora bien, con la entrada en vigencia del decreto 70/2020, la discrepancia que, en definitiva, provocaba la controversia cesó, toda vez que se derogaron los arts. 9 y 10 del mencionado decreto 2271/2018. Siendo así, es evidente que la sanción de una norma con ese alcance durante la sustanciación del juicio posee virtualidad extintiva del conflicto, todo lo cual permite inferir que la cuestión litigiosa se ha tornado abstracta”, concluyeron los magistrados. Por otro lado, en forma exclusiva, La Tecla Mar del Plata dio a conocer que el gobierno de Guillermo Montenegro pretende no pagar los reclamos indemnizatorios por los recortes de las bonificaciones docentes que se implementaron entre octubre de 2018 y diciembre de 2019, según se desprende de la estrategia legal que siguen los abogados del Municipio en las causas judiciales que los docentes iniciaron en la justicia marplatense. La postura legal contrasta con las declaraciones públicas del propio intendente y los funcionarios ligados al tema, donde siempre se reconoció la ilegitimidad de la decisión del exintendente Carlos Arroyo y de la necesidad de buscar algún mecanismo para saldar la deuda millonaria (superior a los $200 millones, sin contar intereses), donde la recuperación de fondos nacionales y provinciales fue una de las principales variantes desplegadas. Pero sin embargo, otra es la realidad que se refleja en los expedientes judiciales consultados por este medio, donde se asegura que el decreto 2272 de Arroyo fue “un acto administrativo válido y legítimo, lo que descarta absolutamente la nulidad pretendida por la actora y con ello la posibilidad del reconocimiento retroactivo del pago de la bonificación”. Ello consta, por caso, en la causa “Abalay Angela Soledad y otros contra Municipalidad de General Pueyrredon s/ pretensión anulatoria”, una de las decenas de demandas colectivas que en abril de 2019 se llevaron adelante con el apoyo del Sindicato de Trabajadores Municipales y que se sustancian en los juzgados Contencioso Administrativo 1 y 2. La misma postura del Municipio se replica en todos los otros expedientes que avanzaron y en donde ya se dictaron autos de apertura a prueba. Esta situación se dio en al menos otros seis expedientes que lleva adelante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 (“Amato María Elena y otros”, “Lastina, Lucía Catalina y otros”, Nuñéz, Enrique Esteban y otros”, “Saavedra Marina y otros”, “Pérez Carlos y otros” y “Magrini, Alejandro y otros”).
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